Sigue adelante C5-I con visos de corrupción

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que coordina Armando León Ptánick con las firmas de sus presidentes de sus filiales en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, Tijuana con Gilberto Fimbres Moreno, y Ensenada con Jorge Nava Hernández, formalizaron una denuncia ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación y contratación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5-I).

El presidente del organismo en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, señaló que consideran que la licitación hecha por el Gobierno del Estado no fue pública. Y que no se cuenta con los análisis económicos y técnicos necesarios para determinar si la compañía ganadora en realidad era la mejor opción.

Lo anterior podría provocar que se pagara un sobre costo por la adquisición de equipos y mano de obra a la empresa Seguritech, que fue la que resultó ganadora al competir con sólo otra firma más.

El proyecto es multianual y se pagaría alrededor de 69 millones de pesos por cada año contratado, más el impuesto al valor agregado.

Mediante el decreto 153, el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal un proceso de licitación para firmar un contrato para convertir los C4 actuales en C5i, con una inversión de 789 millones 280 mil 700 pesos, pagaderos a través de una Asociación Público Privada (APP) en 10 años.

El contrato inicialmente fue entregado por el estado en un Asociación Público Privada (APP), y, después de una primera controversia, fue licitado, aunque en ambas ocasiones el estado eligió a Seguritech.

Según la Coparmex, la inversión arriba señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto. En el mismo tenor, 200 cámaras, 5 mil 300 botones de pánico, y 9 arcos de reconocimiento de placas son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades dentro de la geografía del Estado”, expusieron los líderes del organismo empresarial en conferencia de prensa.

Los líderes empresariales afirmaron que, después de un riguroso análisis, detectaron “visos de corrupción” y la “abierta violación a leyes estatales”, por lo que recurrieron a la Contraloría del Estado para denunciar a funcionarios que fueron omisos con el cumplimiento de los ordenamientos legales.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), acusó que en el proceso de licitación “No se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación de recursos públicos al ser sólo dos compañías las que licitaron, Seguritech e Interconecta, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, con lo que la decisión final no incluyó números comparables”.

Señaló que “igualmente, no se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas”.

Subrayó Hernández Niebla que “no se cumplió la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso, al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación”.

La entidad a cargo de la administración del C5I será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En reporte de evaluación emitido por la SEGOB de fecha diciembre 2018, la Policía Estatal Preventiva muestra debilidad en 3 de los 10 lineamientos evaluados que están intrínsecamente relacionados a la administración exitosa de un C5i: es la segunda entidad del país con promedio más bajo en el número de policías (0.3 por cada 100 mil habitantes cuando la media nacional es de 1.1), no está suficientemente actualizada en el nuevo sistema de justicia penal, y se muestra débil en las categorías de policía procesal, cibernética y operaciones especiales. Con una geografía y problema similar, Guanajuato cuenta con 3 mil policías estatales contra menos de 500 en Baja California. Consecuentemente, antes de evolucionar a un C5i se debe asegurar existan los elementos suficientes y debidamente capacitados para reaccionar y operarlos”.

Juan Manuel Hernández Niebla
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado

En relación a la empresa ganadora, Seguritech, compartió que según reporte de un diario nacional, la misma tiene interpuesta seis denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país.
El presidente del CCSPE dijo que “de la manera como está planteado, el C5-I no va a solucionar el problema de inseguridad que tenemos en el Estado”. Dijo que antes de eso, se necesitan más y mejores policías, con equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados.

Explicó que “ya existen C4’s operando en todas las ciudades del estado, con los resultados que podemos ver, donde inclusive en los 911 no se contestan en promedio 10% de las llamadas”.

El proyecto del C5i debería costar 300 millones de pesos y no 800 como argumenta el gobierno del Estado”.

Jorge Eugenio Núñez
Diputado del Partido de Baja California

Manifestó que “una inversión y deuda de esta magnitud debe ser totalmente transparente a la ciudadanía garantizando una baja en la incidencia delictiva”. Por ello, solicitaron al juzgado la suspensión de este proyecto hasta que todas las variables antes mencionadas sean evaluadas.

Hasta el momento el ejecutivo no ha respondido a la demanda de amparo y ya ha efectuado el primer pago a la empresa que ganó la concesión en el mes de octubre por el orden de 19 millones de pesos, el siguiente pago es en enero del 2019.

“Tecnología obsoleta caracteriza equipo C5-I”: Hernández Niebla

De acuerdo con especialistas en sistemas de comunicación, alrededor de 80 por ciento de los organismos y cuerpos de seguridad pública en México operan con plataformas de radiocomunicación obsoletas, debido a acuerdos comerciales con proveedores globales, que involucran multimillonarios contratos: obsolescencia que ha coadyuvado a que se registre un incremento en los índices de inseguridad.

En este sentido, al participar en el foro “Seguridad, C5i y la Opacidad gubernamental” el presidente del CCSPBC, Juan Manuel Hernández Niebla, señaló que el tipo de tecnología con la que se busca equipar al C5-I es obsoleta y que los precios están muy por arriba de lo que el equipo de seguridad cuesta en el mercado.

Una ficha interna de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México destaca otros puntos negativos relacionados con Seguritech, la empresa que también pretende hacerse cargo del proyecto México, Ciudad Segura:

“La reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado. Sus principales referencias, Estado de México y Guanajuato, no han cumplido con las expectativas considerando las altas inversiones realizadas”, se advierte en la ficha técnica.

En opinión de Business Conexión, uno de los flancos débiles en la lucha contra el crimen organizado es la red de radiocomunicación, misma que requiere una modernización que cumpla con los estándares internacionales de radiocomunicación y que opere de forma eficiente y segura, con tecnología que ofrezca encriptación de la información para evitar cualquier hackeo, intervención de la comunicación e infiltración de grupos criminales, ideal para sistemas de Seguridad Pública en la que se requiere absoluta confidencialidad.