Por: Gustavo de Hoyos Walther
El proceso electoral de 2018 es el más importante de la historia de México. Así lo determinan la concurrencia de la elección federal para Presidente, Senadores y Diputados, con otras treinta elecciones locales, en las que se disputan nueve gubernaturas y poco más de tres mil cargos de elección popular, para alcaldías y diputaciones locales, en varios casos y de forma inédita, en busca de la reelección inmediata.
La gran mayoría de los estudiosos del proceso electoral, coinciden en que el Estado de Derecho será uno de los tópicos centrales de la contienda. Lo que poco se ha reflexionado hasta ahora, es una de las variables que sin duda marcarán ese proceso: la exigencia ciudadana por obtener de los hasta hoy pre-candidatos a esas posiciones, un compromiso amplio, inequívoco y preciso en materia de integridad, es decir, de apartarse de prácticas de opacidad y corrupción en el quehacer público.
La ruta por lograr una mayor integridad, inició cuando en el marco de la elección federal de 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó una iniciativa para invitar a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicasen sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses. Aunque fueron pocos los candidatos que se adhirieron a esa iniciativa, y dada la empatía social que generó la llamada propuesta “3 de 3”, esa dinámica generó un cambio paradigmático en los estándares de exigencia social ligada a la integridad y la transparencia.
Una nueva evolución de la idea, se experimentó en torno a la iniciativa ciudadana que con el apoyo de más de 634,000 ciudadanos, fue presentada en el Senado de la República el 3 de Febrero de 2016, para promover una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley 3 de 3), proceso que se dio en un fuerte activismo cívico, ligado a la conformación de las siete leyes básicas del Sistema Nacional Anticorrupción, y que culminó después de muchas batallas, con la promulgación de las mismas el 18 de julio de 2016.
La conciencia social que se gestó en torno a estas propuestas, ha sido el catalizador para que un número creciente, aunque todavía minoritario de servidores públicos, especialmente en el ámbito de los Estados, incluyendo a Gobernadores y sus equipos inmediatos, hayan decidido allanarse a esta demanda ciudadana, y publicasen voluntariamente sus tres declaraciones.
La tercera ola de esta exigencia social en torno a la integridad y la transparencia, se manifestó en mayo de 2017, con la iniciativa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Transparencia Mexicana (TM) y el propio Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y se denominó “11 Compromisos de Política Pública para Enfrentar la Corrupción”.
Se trató de un conjunto innovador de compromisos verificables, que los candidatos a Gobernador en las elecciones del 4 de Junio de 2017, debían asumir sin reservas, comprometiéndose a ejecutar las acciones derivadas de ellos, en caso de resultar electos.
Los 11 Compromisos, implican implementar un conjunto de acciones en materia de transparencia proactiva, como lo son: publicidad de auditorías, contrataciones, pasivos y deuda, así como digitalización y sistematización de procesos de compra. También suponen un reordenamiento de la legislación y prácticas asociadas a la obra pública, las adquisiciones y las compras recurrentes de alto volumen, como los medicamentos.
Del mismo modo, los 11 Compromisos determinan un control eficaz de gasto altamente expuesto a fenómenos de corrupción, a través de un padrón único de beneficiarios de programas sociales, y una agresiva reducción al manejo de efectivo en el gasto público. Todo ello, complementado con la obligación de impulsar leyes e instituciones con altos estándares, para contar con un Sistema Local Anticorrupción. Y desde luego, la obligación de presentar, Gobernador y todo su gabinete, las Declaraciones 3 de 3.
Además de la profundidad de las propuestas, destaca que en tan solo 20 días que trascurrieron entre el 11 y el 31 de mayo del año pasado, fechas del lanzamiento de la iniciativa y de conclusión del periodo de recepción de compromisos, 19 de los 21 candidatos a gobernador, en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, hayan decidido suscribir los 11 Compromisos. Ello incluyó al 100% de los candidatos de las principales fuerzas políticas del país, como los son el PAN, PRI, PRD y MORENA.
En los meses subsecuentes, inició la implementación de los referidos 11 Compromisos, lo que no ha estado exento de tropiezos, algo predecible ante lo innovador de la iniciativa.
Este fenómeno, sin duda establecerá un antes y un después en las elecciones en México. No cabe duda que la integridad, para decir en sentido positivo el rechazo a la corrupción, es uno de los grandes temas del proceso electoral. Y es un hecho, que los candidatos a la Presidencia de la República tendrán frente así, tan pronto como se registren en definitivo, un desafió público para manifestarte conceptualmente, pero sobre todo, comprometer acción en contra de la corrupción.
Una manifestación más reciente de esta evolución de la exigencia ciudadana, tuvo lugar en el mes de enero del año en curso, cuando los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, que en su conjunto agrupan más de 300 organizaciones sociales, académicas, profesionales y empresariales, han formulado un reto a los precandidatos a la Presidencia de la República, para que suscriban de forma inmediata e inequívoca un compromiso de apoyo a la propuesta ciudadana para modificar el artículo 102 de la Constitución Federal, y con ello, dar surgimiento a una Fiscalía General de la República, que sea independiente, autónoma, respetuosa de los derechos humanos y con controles en su actuación.
Y no sería remoto que esta expresión ciudadana, traducida hoy en forma de reto a los precandidatos a la Presidencia, tenga la potencia de arrancar a los partidos políticos y sus legisladores, la agenda final para la conformación de la Fiscalía General de la República.
A final de cuentas, esta institución está llamada a ser el instrumento del Estado mexicano, para combatir tres de los fenómenos que determinan hoy la fragilidad del Estado de Derecho: la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
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