Por: Iván Martínez Zazueta // Geografía Septentrional.
Desde 2012, California se encuentra en una grave crisis hídrica producto de la sequía histórica que padece la región y por la sobreexplotación de las fuentes de agua existentes. El agua ha sido uno de los factores fundamentales en el crecimiento económico de California, estado que se considera la sexta economía a nivel global (se calcula que su PIB es dos veces mayor que el de México) y a su vez constituye uno de los paisajes más transformados en el mundo por la actividad humana. Esta condición ha sido posible mediante el extenso desarrollo de la agroindustria en sus valles, el establecimiento de diversas industrias en su territorio, el explosivo crecimiento urbano de sus principales ciudades, las actividades mineras, el turismo, el impulso de la industria petrolera y gasera (con el incremento en la utilización del fracking) y la construcción de grandes infraestructuras de transporte basadas en el automóvil. Todas estas actividades consumen un importante volumen de agua.
A pesar de que hace unos meses las fuertes lluvias contuvieron un poco la sequía, la situación sigue en estado de alerta y el gobierno ha implementado medidas de mitigación y ha emprendido la búsqueda de fuentes de agua alternativas para garantizar la seguridad hídrica en la región. Una de esas posibles fuentes es México, en específico, Baja California.
La función neutralizadora de Baja California respecto a las crisis en la Alta California se puede ejemplificar claramente al considerar la instalación en territorio bajacaliforniano de infraestructuras energéticas y plantas de generación de electricidad tras la crisis energética de California de 2000-2001 (proyectada por las mismas trasnacionales energéticas). Desde entonces en nuestro estado se han construido gasoductos, plantas termoeléctricas, parques eólicos, una planta regasificadora de gas natural licuado y líneas de transmisión transfronterizas cuya producción tiene como destino principal el mercado eléctrico californiano. Actualmente más del 40% de la electricidad que se genera en Baja California se exporta a California y es controlada por varias transnacionales energéticas. Ahora, con la crisis hídrica californiana, Baja California cumple de nuevo su función contrarrestante, esta vez, en materia de agua.
Sin embargo, antes de construir y hacer funcionar la infraestructura hídrica en Baja California para exportar agua a California y buscar mitigar su crisis, se tenían que crear las bases jurídicas para llevar a cabo estos planes. Aparte de la Ley de APPs, que permitían que empresas privadas construyeran y privatizaran las infraestructuras, se necesitaba poder privatizar el servicio de agua en su conjunto.
La Ley estatal de Aguas fue aprobada en la madrugada del 20 de diciembre de 2016, en la histórica sesión en la que el Congreso y el Ejecutivo estatal ofertaron a Baja California al sector privado. La ley planteaba la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del estado. Asimismo, establecía un aumento inicial del 20% en las tarifas por consumo hídrico y la posterior liberalización de las mismas en 2018, así como la posibilidad de corte del suministro tras 90 días de impago. También eliminaba las comisiones estatales de servicios públicos y las sustituía por dos organismos operadores: el de la Zona Costa, para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y el de la Zona Valle, para Mexicali. El argumento de la administración estatal para impulsar la ley era la grave situación de sequía y escasez de agua que se vive en Baja California, pero contrariamente, a su vez impulsaba en el Valle de Mexicali la construcción de una planta de producción de cerveza de la transnacional Constellation Brands, que exportaría 10 millones de hectolitros al año a Estados Unidos, y la construcción de un acueducto con dinero público para entregar agua a la planta.
Las movilizaciones masivas de enero de 2017 en Mexicali y en los demás municipios obligaron al gobernador Francisco Vega a enviar al Congreso la iniciativa de abrogación de la ley, la cual fue votada por unanimidad el 19 de enero, justo un mes después de su aprobación. El pueblo bajacaliforniano logró echar abajo los planes de privatización del servicio de agua, pero no así la privatización de las infraestructuras de producción y transporte del líquido. Se consiguió quitarle un pie a los planes privatizadores del gobierno, pero quedó el otro: las APPs.
Aquí, el análisis sobre los aspectos territoriales de los proyectos relacionados con el negocio transfronterizo del agua, impulsados bajo esquemas de APPs, y su vínculo con las empresas transnacionales de servicios múltiples:
Planta desalinizadora de Rosarito
Uno de los principales proyectos aprobados en el dictamen 62 (ratificados con el decreto 57), es la planta desaladora o desalinizadora de Playas de Rosarito, la cual se construirá en un terreno baldío junto a la Central Termoeléctrica Presidente Juárez en dicho municipio y sería la planta más grande de Latinoamérica en su tipo. Según la manifestación de impacto ambiental del proyecto, la desalinizadora convertirá en agua potable el agua de mar que utiliza la CFE para el enfriamiento de los condensadores de la termoeléctrica, generando una corriente residual de agua salada concentrada (salmuera) la cual será regresada al mar. En esta APP fue beneficiada la empresa Aguas de Rosarito S.A. de C.V. (AdR), consorcio internacional formado por NSC Agua, filial de la transnacional Consolidated Waters, de las Islas Caimán, NuWater, de Singapur y Degremont, subsidiaria de la transnacional francesa Suez. La construcción de la planta está planeada en dos etapas. La primera iniciará su construcción en 2017 y deberá comenzar operaciones en 2020 produciendo 190 mil metros cúbicos de agua por día. La segunda etapa está planeada para producir otros 190 mil metros cúbicos y entraría en funcionamiento en 2024, para llegar a una producción total de 380,000 metros cúbicos diarios. El contrato de APP se ejecutó entre la empresa AdR, la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) y la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). (Figura 1)
Figura 1 Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito. Fuente imagen: NSC Agua nscagua.com
De acuerdo a varios informes y documentos públicos, la desalinizadora de Rosarito está planeada para entregar al Distrito de Agua de Otay en California, casi la mitad del total de agua que producirá. Ante esta información y las crecientes protestas de rechazo al proyecto, la CEA argumenta que la planta no va a exportar agua a California, que la totalidad de la producción será entregada a la CESPT. El gobierno niega la exportación de agua, pero California lo confirma. ¿Por qué la contradicción? ¿Qué están ocultando?
Una parte fundamental del conjunto del proyecto de la planta desalinizadora de Rosarito es el transporte del agua producida a través de un acueducto que conducirá el líquido hasta el punto de entrega a la CESPT, conocido como El Florido.
Acueducto Rosarito-El Florido
El Acueducto Rosarito – El Florido es un ducto subterráneo de 29.3 km de longitud con capacidad de transportar los 380,000 metros cúbicos (4.4 m3/s) que produciría diariamente la desaladora de Rosarito. El punto de inicio del trazo del proyecto es la planta ubicada en el complejo energético Presidente Juárez de la CFE, para seguir en dirección noreste y terminar en la zona del Florido, localizada en el extremo oriente del área urbana de Tijuana. El proyecto también será construido por una de las empresas encargadas del proyecto de edificación de la desalinizadora, NSC Agua-Consolidated Waters. Por otra parte, revisando la información contenida en la página de dicha empresa, encontramos un tercer proyecto de transporte de agua asociado a los planes de exportación del líquido: el acueducto El Florido-Otay. (Figura 2)
Figura 2 Acueducto Rosarito-El Florido Fuente imagen: Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de la desalinizadora de Rosarito y del propio acueducto, ambas disponibles en la página de NSC Agua. nscagua.com
Acueducto El Florido – Otay
Dicho proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 12.56 km de longitud, que transportará la misma cantidad de agua que el acueducto anterior (4.4 m3/s) desde el El Florido hasta el punto de entrega en la línea fronteriza en la delegación Otay. En la manifestación de impacto ambiental, presentada el 10 de septiembre de 2014 por NSC Agua, se especifica claramente el objetivo del proyecto:
El “Acueducto El Florido – Otay” es un proyecto asociado a otros dos proyectos. El proyecto principal, consiste en la construcción y operación de una planta desalinizadora con capacidad de 4.4 m3 /s, cuya ubicación está proyectada en Playas de Rosarito, Baja California, en el terreno baldío que colinda al sur de la C.T. Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad CFE.
El segundo es la construcción del Acueducto “Rosarito – El Florido”, que tendrá por objeto transportar el agua potable que se pretende producir en la planta desalinizadora, hasta el punto de entrega que ha sido convenido con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el cual se localiza en el extremo oriente de la zona urbana de Tijuana, en la zona conocida como El Florido, en el sitio donde se ubica la planta de potabilización y los tanques de distribución de la CESPT.
El “Acueducto El Florido – Otay”, tendrá como objetivo transportar el agua potable desde el tanque de Comisión Estatal de Servicio Públicos de Tijuana (CESPT) hasta el punto de entrega convenido, en la línea fronteriza entre USA y México, en la delegación de Otay.
Con el acueducto El Florido-Otay se completaría la infraestructura necesaria para llevar el flujo de agua de Rosarito a la frontera con California y de esta manera generar las condiciones materiales para la exportación del líquido. (Figura 3)
Los proyectos antes mencionados son sólo la parte correspondiente del conjunto de los planes privatizadores y exportadores emplazados en territorio mexicano. El proyecto complementario en el lado estadounidense es el Proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de Otay Mesa.
Proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de la Mesa de Otay (Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project)
Este proyecto es impulsado por el Distrito de Agua de Otay (Otay Water District) y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambas instituciones presentaron en abril de 2012 Declaración de Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés) del proyecto, misma que evalúa los efectos ambientales potenciales de la construcción, operación y mantenimiento del “ducto de acero para agua potable y otras mejoras de infraestructura necesarias para transportar agua desalada producida en México hacia el área de servicio del Distrito en el sur del condado de San Diego, California”. Mientras la CEA afirma que no va a haber exportación de agua, los documentos y proyectos aprobados en ambos países lo confirman.
Figura 3 Acueducto El Florido–Otay Fuente imagen: Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) disponible en la página de NSC Agua y de la Declaración de Impacto Ambiental (EIR) del acueducto al Distrito de Agua de Otay nscagua.com
Para privatizar por completo el servicio de agua a nivel estatal y permitir que las empresas tuvieran control total sobre el metabolismo hídrico de Baja California (producción, transporte, tratamiento, distribución), se tenía que aprobar primero la Ley de Aguas. Si la Ley de Aguas siguiera vigente, el costo del servicio, ahora definido por el Congreso y garantizado por la CESPT (la cual es un organismo público descentralizado), sería liberalizado completamente. De acuerdo a la ley, las empresas privadas serían las que fijarían el precio del líquido en base a fórmulas complejas que implicarían -sin duda- su incremento constante, sin la necesidad de aprobación de ninguna instancia gubernamental. Las compañías privadas encargadas de los distintos momentos del metabolismo del agua podrían hacer acuerdos de negocio entre ellas, siempre buscando la maximización de las ganancias, sin el obstáculo que significan los vaivenes de la administración pública local. Negocio completo, redondo y sin restricciones.
También, al convertir en negocio el acceso al líquido y al ser manejado por empresas privadas, se eliminaría el derecho humano al agua y se convertiría al bien común en un recurso económico y exclusivo, es decir, en una mercancía de la que se puede privar a quien no pueda pagarla. Si tomamos en cuenta esto, en caso de que continúe la escasez hídrica en la región, el precio del agua se podría elevar debido a la alta demanda, y si la población más desposeída de Baja California no puede pagar por el servicio, se le privaría de su acceso. Las empresas privadas venderían el agua no sólo a quien pueda pagarla, sino a quien la pague al mejor precio. De esta forma se estaría beneficiando al mejor comprador, que seguramente serían las empresas operadoras del servicio de agua en California, como el Distrito de Agua de Otay. Es así que se estaría transfiriendo el vital líquido de sur a norte de la línea fronteriza, bajo las leyes del mercado. De esta manera se complementarían los mecanismos de despojo del agua a la población de Baja California para el beneficio de las empresas transnacionales.
Desalinizadora de Rosarito y los ductos de conexión. Obtenido de la EIR del proyecto “Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project”. Fuente imagen: Declaración de Impacto Ambiental (EIR) del acueducto al Distrito de Agua de Otay
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