EL PROBLEMA CON LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

El neoliberalismo, dictado por el consenso de Washington, y exaltado por las políticas de Margaret Thatcher, en Inglaterra, recomendó que los países que tuvieran un modelo económico de socialismo de Estado, y donde este socialismo no funcionara económicamente hablando, y como consecuencia sus economías se rezagarán en el contexto mundial, deberían de aprobar leyes y tomar acciones decisivas para privatizar las empresas públicas que por el burocratismo o la ineficiencia, resultaban ya un lastre para el Estado.

Por esta razón, los presidentes mexicanos, becados en Harvard, UCal, Yale y otras universidades del mundo desarrollado, como de la Madrid, Salinas, Zedillo, y sus tesoreros, Aspe Armella, Gil Díaz, y Caso Lombardo, apuraron las plumas para privatizar el máximo de empresas de Estado que se consideraban un lastre, aunque algunas como Telmex realmente no lo fueran.

Privatizada la mayoría de las empresas, la burocracia nacida de la revolución, vio amenazado su poder económico. Pero ya era tarde, el centro de gravedad de la propiedad de las empresas de infraestructuras había pasado al sector privado. Por otro lado, la pérdida de fuerzas, hizo tan débil al Estado que no alcanzó a instrumentar un aparato fiscal suficientemente eficiente que substituyera las bondades de la economía de Estado socialista, por una economía de libre mercado pero obediente de las necesidades fiscales de la nación.

Se perdió el  poder económico real del Estado, que yacía en las empresas públicas, poder proveniente de la auto recaudación fiscal. Así, de esta manera, se pasó de la auto recaudación fiscal de la empresa pública,  a la total evasión fiscal del capital privado  transformado.

Estas condiciones de orfandad económica de Estado, con las que llegó Calderón al poder, dieron origen a la estrategia de creación de empresas público – privadas, en donde la mayoría del capital sería privado, pero el Estado conservaba cierta dominancia debido al natural control sobre la tierra y eventualmente sobre las tarifas provenientes de empresas monopólicas.

En este parteaguas nacen las convocatorias para constituir APP, en aquellos proyectos que forman parte de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo en el país.

Sin embargo, la estrategia adolece de dos males de nacimiento. El primero, el que las reglas del juego, que pretenden constituir empresas de libre mercado, están dictadas por burócratas o consultores que en su vida han manejado una empresa de más de diez trabajadores. El segundo, la corrupción que siempre ha anidado en la industria de la construcción, y que ahora se ha trasladado silenciosamente a este otro ámbito del comercio del poder económico.

La estrategia económica del Estado denominada de APP, adolece aun de varios defectos de instrumentación, pues las leyes y reglamentos en vez de alentar a los capitales privados para la inversión, como sucedió en el pasado inmediato, los someten a licitaciones diseñadas con “químicas intencionadas”, que dan lugar al cohecho y al soborno, como se ha hecho público en el escándalo del Tren Ligero México – Querétaro, en donde ha salido a relucir el obscuro manejo de las concesiones de servicios públicos controlados por el Estado, en el nivel de las APP federales. Estos procesos incuestionablemente son monitoreados por los capitalistas internacionales.

La sofisticada legislación que se ha creado para el proceso de licitación de concesiones, con la condicionante básica de la creación de una APP administradora del proyecto, da lugar a manejos discrecionales e irregulares de los procedimientos administrativos, lo cual desalienta la participación abierta del capital privado, que procura en primer término deducir las “claves de acceso” encriptadas por el gobierno.

La complejidad de la ley ha dado lugar también, como es natural, a la charlatanería y la prevaricación. Se están creando ya asociaciones y empresas dedicadas a descifrar para los inversionistas los marcos legales de las APP. Ya se forman colegios de profesionales como los de otras prácticas similares, que venderán afrecho en vez de levadura, a los potenciales inversionistas interesados en proyectos de APP. Pronto, sólo estos profesionistas tendrán patentes del Estado para guiar a los inversionistas privados y elaborar los modelos de negocios exitosos que habrán de seguir.

El diseño de una figura empresarial capitalista ejecutada por burócratas socialistas

La experiencia de la privatización forzada de las nueve autopistas de Salinas, lleva a reflexionar y poner en tela de juicio el diseño empresarial de negocios a partir de un concepto burocrático de los mercados. Se parte de la experiencia administrativa de los negocios de Estado, monopólicos, sin competencia, sin diseño empresarial moderno, sin el estímulo de una utilidad fehaciente, con modelos de predicción fundamentados no en la experiencia empresarial, sino en la referencia académica.

Con Salinas quedó demostrado que los negocios de Estado, son totalmente diferentes a los negocios privados. Que si los negocios privados son la nueva alternativa para el desarrollo, deben de nacer sin las ataduras que toda burocracia impone por necesidad, y en condiciones sociales y culturales similares con las que nacen y se reproducen en Estados de economía privada fundamentalmente, como EE.UU.

Definitivamente, será difícil entrar en el marco jurídico de las APP diseñado por burócratas, en donde el único atractivo es la condición de mutación de un monopolio público a un monopolio privado, lo cual significa inocular veneno al futuro de la economía. El público se beneficia de un servicio con tarifas de tendencias ascendentes, y el sector inversionista, con las utilidades que da el producto de la inversión y de la administración en condiciones privilegiadamente monopólicas.

Las reglas no dan la libertad que el laissez faire necesita para nacer y crecer

Como la única legislación que existía para controlar la inversión en infraestructura, era la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas diseñada por Zedillo, en los 90, se tomó esta ley de referencia para crear el marco jurídico de las APP, desde luego con el prejuicio de que, al copiarlo, se acarrearía el factor jurídico que permite los negocios extracurriculares del Estado.

Lo primero que se copia es el sistema de licitaciones, por medio del cual se somete a subasta la concesión de la explotación de una infraestructura y/o de un servicio público. Toda licitación, es creada por burócratas especializados en licitaciones, éstos tienen un alto valor en los mercados estatales y bancarios, pues son expertos en los diseños de las “químicas de licitación”, que son formas y requisitos que hay que llenar de tal forma que encajen exactamente en las medidas del traje de un comprador preestablecido.

Ni el Estado ni los privados están invirtiendo, debido a que el programa de APP no está funcionando, y no debido a deficiencias académicas de los operadores, sino a que las reglas no dan la libertad que el laissez faire necesita para nacer y crecer.

La ingeniería de proyectos

Para pensar en construir una casa, se comienza por pensar en un sitio y en un edificio. El edificio, necesita de un diseño. Ambos son la inversión inicial de todo proyecto. Sólo cuando se tiene el diseño, que se conoce como proyecto ejecutivo, se puede decir que se ha iniciado la realización de algo concreto que se puede medir en pesos y centavos. Nadie está dispuesto a invertir en proyectos que tengan el riesgo de que no se ejecuten nunca.

El costo de un proyecto puede ser del orden de entre un 5 y 10% de la inversión, a veces un poco más. Si no hay diseño, no hay precisión en los pronósticos de inversión ni de la recuperación, mucho menos en el perfil razonable de las tarifas. Y en esta parte, el sector privado mexicano no tiene experiencia ni interés. Y el sector internacional, espera, que alguien tenga un diseño que fundamente el análisis.

En perspectiva de lo anterior, si un proyecto de APP se planea licitar, y no hay proyecto previo, se va al terreno de la incertidumbre que ningún inversionista quiere correr. Por lo tanto, las licitaciones de concesiones deben contener los diseños ejecutivos de las obras para tener elementos de predicción.

El diseño debe ser responsabilidad y potestad total del inversionista, pues será quien arriesgue su dinero, y parte fundamental de ese riesgo tiene que ver con la calidad del diseño, tanto como con la calidad de la construcción que se prevea en él.

Esto nos lleva de nuevo al terreno de la incertidumbre, pues si se licita un proyecto sin diseños, se está licitando una concesión, en donde nadie sabe el costo real de las infraestructuras, la demanda del mercado y el perfil de las tarifas. Y si en cambio, se licita con diseños de Estado, en donde no haya participado el inversionista, se va al modelo Salinas, con los evidentes riesgos de no factibilidad fáctica. Es decir, a la quiebra.

Por esto, la ley deberá considerar que la reevaluación de la necesidad del servicio o el estudio del mercado, tanto como el diseño y construcción, caerán bajo cuenta y riesgo del inversionista, porque será finalmente el inversionista quien arriesgue su dinero, y deberá tener total potestad sobre los diagnósticos, los pronósticos y todos los modelos de ingeniería que sean necesarios para asegurar en gabinete la factibilidad del negocio. Si el inversionista se equivoca en sus predicciones y pierde en el negocio, nadie lo salvará de la quiebra, si en cambio acierta, sus utilidades estarán totalmente y éticamente justificadas, porque así operan los sistemas de libre mercado.

El Estado debe por otro lado evitar los monopolios sin competencia e ineficientes. Finalmente, si el servicio o proyecto no puede fraccionarse no deberá privatizarse, a riesgo de que suceda el síndrome de Telmex, que pasó de ser un monopolio constitucional de Estado a un monopolio privado, que causó un grave daño a la nación durante diez años en que no hubo competencia fehaciente al servicio nacional. Daño nacional que en la dialéctica de la economía, produjo al hombre más rico del mundo.