Se prevé que nuevas leyes y regulaciones a nivel estatal y federal en los EE.UU. creen requisitos obligatorios para que miles de empresas proporcionen informes relacionados con el clima, en áreas que incluyen las emisiones de la cadena de valor y los riesgos relacionados con el clima, incluso en la posible ausencia de reglas de informes climáticos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), según un nuevo informe de Sustainable Fitch, la empresa de análisis centrada en la sostenibilidad de Fitch Group.
El informe surge mientras una nueva norma aprobada recientemente por la SEC que crea requisitos obligatorios de informes relacionados con el clima para las empresas públicas en los EE.UU. enfrenta una serie de desafíos en su camino hacia la implementación.
La SEC anunció la publicación y adopción de las nuevas reglas en marzo de 2024, dos años después de la publicación del borrador inicial de la Comisión, estableciendo por primera vez requisitos para que las empresas públicas en los EE.UU. proporcionen información sobre los riesgos climáticos que enfrentan sus negocios, los planes para abordar esos riesgos, el impacto financiero de los eventos climáticos severos y, en algunos casos, las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en sus operaciones.
Sin embargo, desde su publicación, la norma ha enfrentado una serie de desafíos, incluida una demanda presentada por diez estados de EE.UU. destinada a bloquear su implementación, describiéndola como “arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción y no conforme a la ley”, y pidiendo al tribunal que anule la norma por ilegal, además de una petición presentada por la empresa de servicios petrolíferos Liberty Energy y la empresa de arena de fracturación Nomad Proppant, en parte propiedad de Liberty, que ha llevado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. a otorgar una suspensión administrativa que detiene temporalmente la nueva regla de divulgación climática.
Más recientemente, sumándose a los desafíos a nivel federal para tomar medidas climáticas, se espera que el fallo de junio de 2024 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo, que pone fin a la “deferencia a Chevron”, “reduzca la capacidad de las agencias federales para implementar regulaciones en asuntos ambientales”, según el informe de Sustainable Fitch.
El informe señala, sin embargo, que si bien las barreras a la acción climática y la divulgación obligatoria han continuado a nivel federal, “los estados individuales han intervenido y ahora desempeñan un papel importante”.
En particular, en 2023 California aprobó la SB 253, la “Ley de Responsabilidad de Datos Corporativos sobre el Clima”, que introducirá requisitos para que las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares que operan en California informen anualmente sobre sus emisiones de todos los alcances, incluidas las emisiones directas (Alcance 1), las emisiones derivadas de la compra y el uso de electricidad (Alcance 2) y las emisiones indirectas de la cadena de valor (Alcance 3). La ley también exigirá a las empresas que obtengan garantías de terceros para sus informes de emisiones.
El informe también señala que Nueva York e Illinois también están en proceso de desarrollar sus propias leyes obligatorias de informes climáticos que, de manera similar a la ley de California, requerirían que las empresas con más de mil millones de dólares en ingresos que hacen negocios en los estados divulguen las emisiones de Alcance 1, 2 y 3 y también requerirán verificación externa de las divulgaciones.
Sustainable Fitch señala que las propuestas de Nueva York e Illinois “están posicionadas para expandir los requisitos obligatorios de divulgación climática a miles de entidades estadounidenses y entidades que hacen negocios en EE.UU., más allá de lo que ya se ha logrado desde la aprobación de las normas climáticas de California”.
Además de las iniciativas a nivel estatal, el informe también destaca el impacto de la propuesta de la administración Biden de Norma Federal sobre Riesgos Climáticos y Resiliencia de Proveedores, introducida en 2022, que exigiría a todos los contratistas federales con contratos anuales superiores a 7,5 millones de dólares que informen sobre las emisiones de Alcance 1 y 2, a los contratistas con contratos anuales superiores a 50 millones de dólares que revelen las categorías pertinentes de emisiones de Alcance 3, así como los riesgos financieros relacionados con el clima, y a los contratistas con contratos superiores a 50 millones de dólares que establezcan también objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia. Sin embargo, el informe señaló que, si bien la norma está prevista que se finalice este año, sería vulnerable a la derogación si la actual administración estadounidense es reemplazada en 2025.
En el informe, Sustainable Fitch afirmó:
“Consideramos que las normas a nivel estatal son especialmente importantes, dada la reciente reducción de la capacidad de las agencias federales para promulgar leyes e implementar políticas y regulaciones relacionadas. Las normas que se están proponiendo en los estados de Illinois y Nueva York están en condiciones de ampliar los requisitos obligatorios de divulgación climática a miles de entidades estadounidenses y entidades que hacen negocios en EE.UU., más allá de lo que ya se ha logrado desde la aprobación de las normas climáticas de California”.
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