Rechazan empresarios prioridad de un C5i

 

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A pesar de la oposición de diversos sectores de la población, el Congreso de Baja California aprobó el Dictamen 94 con el que se crea el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), que representará un endeudamiento para el Gobierno del Estado de 800 millones de pesos a 10 años, a razón de 80 millones de pesos anuales, para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública del Estado.

Interlocutores y actores en el terreno político, social y académico han asegurado que hace falta un plan responsablemente estructurado que contemple la contratación de más elementos policiacos, la depuración de los que se han corrompido con el crimen organizado, la adquisición de más patrullas y equipo táctico, la capacitación de los agentes policiacos en su calidad de primer respondiente dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la inversión en prevención social de la violencia.

Nuevamente la opacidad vuelve a envolver este proceso de negocio; los convocamos a realizar las mejores prácticas internacionales de licitaciones, a incorporar el testigo social para que ya quitemos por completo la suspicacia.

Rodrigo LLantada Ávila
Presidente estatal de Coparmex

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, señaló que de nada sirve tener la mejor infraestructura y equipo si no se tiene el personal correcto y suficiente para operarlo. Como ejemplo, Guanajuato opera un C5i, pero tiene 3000 policías estatales; en Baja California apenas hay 280.

“Hace falta la gente, estructura, los protocolos, el diagnóstico correcto, nosotros no vemos operaciones coordinadas por parte de la policía, no vemos métricas de desempeño que estén midiendo el desempeño de cada una de las autoridades policiacas, que pudieran generar este tipo de información estratégica que dé pauta a operaciones tácticas”, ha manifestado Hernández Niebla.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el abogado Héctor Cruz, al afirmar que la tecnología por sí sola no será la solución a la inseguridad. Hace falta un plan responsablemente estructurado que contemple la contratación de más elementos policiacos, equipamiento, capacitación, una mayor inversión para programas de prevención social pero sobre todo una efectiva coordinación entre los diversos niveles de gobierno.

La experiencia de otros estados del país con iniciativas parecidas, como son los caso de Guanajuato y Puebla, no ha demostrado que, por sí solas, las iniciativas asociadas a los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5i) conduzcan a una reducción en la delincuencia, inseguridad y violencia.

Jesús Francisco Galaz Fontes
Profesor de Ciencias Humanas en la UABC

Mencionó que ante el incremento de los delitos de alto impacto y del fuero común que han rebasado la capacidad de las autoridades policiacas, y que suman más de 1,400 homicidios en lo que van del 2017 tan sólo en Tijuana, no es posible que se opte por contraer más deuda pública sin antes contar con un plan estratégico, organizado, con objetivos medibles a corto y mediano plazo.

“La tecnología por sí sola no puede ser la solución a la inseguridad, y referencia de ello hay en otros estados, como Morelos y el Estado de México, donde se cuenta con este tipo de tecnología y la delincuencia se ha incrementado, esto sin contar que hay una gran diferencia en los costos de inversión; por ejemplo, el C5 de Toluca que beneficia a 14 municipios mexiquenses, costó la mitad de lo que costará su implementación en Baja California.

“Por eso decimos que hace falta un plan responsablemente estructurado, porque lo único que vemos es falta de estrategia, falta de coordinación y mano firme, ya lo vivimos años atrás, cuando la delincuencia tenía sometida a la población, y fue mediante una efectiva coordinación entre el Ejército Mexicano y los entonces titulares de las dependencias de seguridad quienes hicieron frente de manera efectiva al crimen organizado, que se lograron importantes detenciones y la reducción significativa de la violencia en Baja California, sobre todo en Tijuana, ¿Por qué no retomar lo bueno que ya dio resultado?”, manifestó.

Sin duda alguna que la tecnología puede ser parte importante de un esfuerzo para combatir la delincuencia, pero no reemplaza la necesidad de otras acciones que, en el caso particular del recurso humano, son esenciales y urgentes de atenderse. Se necesitan más policías, mejor capacitados, mejor equipados y, sobre todo, menos propensos al comportamiento inmoral que importantes sectores de la población les adjudica y, en muchos casos, ha padecido por parte de ellos”.

Jesús Francisco Galaz Fontes
Profesor de Ciencias Humanas en la UABC

El abogado indicó que con la aprobación de esta inversión existe una preocupación en diversos sectores de la población de que la construcción de un C5 en Baja California sea únicamente por intereses económicos, que no se transparente la aplicación de estos recursos, que la inversión termine en manos de empresas que han dañado al erario público con obras de pésima calidad, que se esté pensando más en el negocio que en verdad resolver el tema de la inseguridad.

Hoy convocamos a los diputados para detonar los proyectos bajo procesos transparentes. Si el estado está en condiciones de pagar 80 millones de pesos para el servicio del C5, entonces ese dinero ¿A qué se estaba dedicando anteriormente o por qué no lo estaban dedicando a seguridad pública? Y si están afectando programas, ya hicieron el análisis de programas que van a dejar de atender porque el C5 da mejores resultados, si ya hicieron eso ¿Por qué no se nos informa?, creo que el C5 debe ser parte de un proyecto integral de seguridad y como sector creo que lo vamos a apoyar, pero requerimos más información.

Mario Escobedo Carignan
Presidente de Canaco Tijuana

 

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